Qué ventajas obtienen los habitantes de una localidad etiquetada como “ciudad digital”, si estos no disponen de acceso a Internet o formación para su uso?

Las administraciones públicas informan a través de la Web de becas, oposiciones, concursos, planes de subvención, etc. A los que sólo una parte de los tributantes tiene acceso. Igualmente la interactuación de los ciudadanos con la administración permite evitar desplazamientos, aprovechar beneficios económicos por la presentación telemática de sus documentos, impuestos y gestiones.

Ya podemos inscribir a nuestros hijos en las clases de natación municipales, descubrir que el Ayto. proporciona beneficios especiales a quienes hacen uso de la e-administración, o al menos disponer de más oportunidades para acceder a esos beneficios, debido a la prontitud y claridad de la información y su tramitación.

¿Es justo que los ciudadanos de primera, que en términos globales disponen de mayor renta económica y carecen de barreras educativas en el acceso a Internet, sean la clase que mayor información recibe y de la generen oportunidades?, diréis que si, que los Aytos. deben agilizar sus procedimientos administrativos y sus servicios a la ciudadanía, pero, ¿No sería juste que los Aytos., obligados a prestar un servicio no-excluyente y público, invirtiera de igual modo en su modernización interna y a la vez en la promoción del acceso a Internet, en la puesta en disposición de los ciudadanos de espacios de conexión pública, de programas de formación para los residentes que no tienen conocimientos básicos de informática?

Creo que no es lo que se está haciendo. Actualmente las administraciones locales están compitiendo en una carrera competitiva para mejorar su posición de reclamo frente a los ciudadanos, pero estas carreras aceleradas por adoptar las TICs y el G2C sólo benefician a los que observamos los cambios tecnológicos desde una escalera alta.

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En líneas generales lo que es aplicable para la relación entre el ciudadano y la administración también lo es para las empresas privadas:

  • ¿Cuáles son las ventajas que aprovechan los clientes de Telefónica, sino pueden acceder a la información que les permite descuentos en las llamadas, programas, planes, números frecuentes?, ¿Tiene la misma facilidad responder a las complejas promociones desde un teléfono o desde Internet?
  • ¿Qué ocurre con los bancos?, y aquellos que sólo operan desde Internet o desde el teléfono, ¿Cuál es la proporción entre usuarios sin Internet y con conexión a la red?

Tarde o temprano modificaremos la Constitución Española para incluir un título que “garantice el derecho de acceso a Internet a todos los españoles”, pero… Será tan demagógico ese texto como el que declara nuestro derecho a una vivienda o a un trabajo digno.

Los poderes públicos deben obligarse a dar servicio a todos los ciudadanos, sin distinción de clases, formación o renta. Y dedicar el mismo esfuerzo en modernizar sus procesos como en facilitar el acceso universal a esos servicios del e-commerce.