«La selva amazónica se sigue desangrando. Tras la tala ilegal llegarán empresas y colonos para quemar lo que queda y utilizarán los mismos caminos abiertos por la industria maderera. El final de esta historia son cultivos de soja o zonas de pasto para ganado», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.
En esta investigación, llevada a cabo entre agosto y septiembre de 2014, los activistas de Greenpeace han colocado geolocalizadores en camiones de transporte de madera para documentar y probar cómo los movimientos de estos vehículos entre zonas de selva que carecen de autorización de tala y los aserraderos de Santarem se producen con total impunidad.
Durante el día, los camiones madereros vacíos viajan hasta el interior de la selva. La cartografía e información oficial del Gobierno brasileño señalan que estas zonas frecuentadas por los camiones y sus infraestructuras (campamentos, caminos y áreas de almacenamiento) tienen la categoría de tierras públicas, donde la tala no está autorizada. Cuando cae la noche, estos camiones se desplazan hasta los aserraderos de Santarém. Entre el 29 de agosto y 12 de septiembre de 2014, los geolocalizadores colocados en los camiones mostraron viajes regulares entre los campamentos madereros ilegales y tres aserraderos: Rainbow Trading Importación y Exportación LTDA, Comercial de Madeiras Odani LTDA y Sabugy Madeiras LTDA.
Allí, los aserraderos blanquean la madera utilizando documentación oficial obtenida de manera fraudulenta que permite su exportación regular a todo tipo de destinos (Europa, China, Japón y los Estados Unidos), incluida España, a pesar de que en la UE existen leyes que prohíben la venta de madera ilegal.
Uno de las empresas mencionadas en el informe es el fabricante español de suelos López Pigueiras S.A., ubicada en Vivero (Lugo), empresa que ya fue denunciada por Greenpeace en 2006 por importar madera de ipé procedente de empresas implicadas en talas ilegales. Este mismo año, en mayo de 2014, Greenpeace pidió a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal que investige a esta y otras empresas españolas que están importando madera de empresas brasileñas implicadas en el lavado de madera ilegal, tal como Greenpeace denunció en su informe Amazonia, una crisis silenciosa.
El pasado mes de julio, la Comisión Europea publicó una evaluación en la que señaló al Estado español entre los peor valorados por no haber aplicado el Reglamento europeo que prohíbe la entrada y comercio de madera ilegal (European Timber Regulation o EUTR), en vigor desde marzo de 2013.
«Con un sector maderero en la Amazonia fuera de control y sin evaluaciones periódicas a los importadores españoles, no hay ninguna garantía de que la madera tropical amazónica que se vende en España tenga origen legal. La legislación que debería evitar que la madera ilegal entre en nuestro mercado no existe» ha añadido Soto. «Ante esta situación de descontrol generalizado en Brasil y España, consumir madera tropical brasileña es un acto de irresponsabilidad«.
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