Termina el semestre de la Presidencia Española de la UE con una política social derrumbada, con la complacencia de políticos que cada día se parecen más a despóticos empresarios, aquellos que mantienen sus ovíparas prebendas y gastos obscenos a costa de la masa productiva e ignoran la justicia social.
El gobierno decidió reducir en 600 millones de euros la Ayuda Oficial al Desarrollo entre 2010 y 2012. Esto supondrá que España seguirá incumpliendo su promesa de alcanzar el 0’7% destinado al desarrollo de quienes son explotados para producir las materias primas que nuestra sociedad del bienestar consume. Se incumple el Pacto de Estado contra la Pobreza, y nos quedamos, una vez más, con la vergonzosa sensación de que no cumplir promesas es algo trivial, cotidiano, casi normal.
En un contexto complicado como el que estamos viviendo, toca tomar decisiones duras, es cierto. Pero tenemos algunas certezas: en un mundo donde más de mil millones de personas pasan hambre, la solución no puede ser recortar la ayuda a aquellos que más la necesitan, precisamente cuando más la necesitan.
Son miles los ejemplos de despilfarro que han sido denunciados, miles los millones de Euros destinados a sostener a las empresas que más beneficios tienen y que menos valor aportan a la sociedad. Son miles los casos de corrupción, desvergüenza y atontamiento político generados por los “servidores del interés público”, cortesanos acomodados con derechos vitalicios, que representan a la nueva burguesía, cínica y obscena, interesada sólo en manipular a la sociedad para alentar sus propias trifulcas.